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Un documento del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) salió a responder los cuestionamientos de la ONG ambientalista Greenpeace respecto a la exploración offshore en la plataforma marítima argentina, y busca informar sobre la situación de la actividad petrolera desarrollada en aguas territoriales.

Ocurre que tras la aprobación de la resolución 436/2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación del 30 de diciembre pasado, en el cual se aprobó “la exploración sísmica” frente a las costas de la provincia de Buenos Aires, no solo los ambientalistas salieron a cuestionar y pedir que se impidieran las operaciones, sino también el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro presentó un amparo en contra de los proyectos.

La resolución oficial permitía que las operadoras Equinor, Shell e YPF inicien la exploración para una futura explotación marítima de hidrocarburos.

Frente a esto los detractores del proyecto aludieron a que un estudio de la Universidad Nacional del Centro referido a operaciones petroleras en mar argentino, afirmaría que “sería inevitable que se produzcan derrames de petróleo contemplando incluso derrames de grandes cantidades, mayores a 1.000 barriles”.

Con este argumento, Greenpace inició una agresiva campaña “anti” en donde muestran jóvenes “empetrolados” en una playa y a su vez viralizaron el hashtag, #Salvemoselmar. Puntualmente argumentaron: “Si el petróleo llega a las playas afectaría a los ecosistemas marinos, los paisajes y las economías de las ciudades de la costa atlántica”.

Frente a esto el IAPG, buscó utilizar como “herramienta” la información y los datos concretos sobre la actividad offshore en el país, y salió a responder punto por punto los cuestionamientos.

Vale mencionar que las entidades ambientalistas, respaldadas por el amparo de la municipalidad de Mar del Plata –uno de los principales destinos turísticos del país– impulsan una “demanda colectiva ambiental al Estado Nacional, Ministerio de Ambiente y a la Secretaría de Energía en la Justicia de la Nación para evitar que nuestro Mar Argentino caiga en las garras de la industria petrolera y así se agrave la crisis climática que estamos enfrentando”.

En un año en donde no habrá elecciones en el país, mientras el avance de la variante Omicrón del Covid19 es un tema de orden global, y cuando todos los focos están puestos en las posibilidades de acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el debate por la explotación hidrocarburífera en el mar tal vez no esté en la superficie de la agenda pública, pero seguramente será más que intenso y controversial.

Potencial

Días antes de la finalización del 2021 – el segundo año de Pandemia – el gobierno nacional otorgó la Declaración de Impacto Ambiental para el proyecto de adquisición sísmica en las áreas offshore CAN 100, CAN 108 y CAN 114. Se trata de áreas ubicadas frente a las costas bonaerenses, en la denominada Cuenca Argentina Norte.

Pero esta actividad no es nueva en nuestro país y hace medio siglo que hay operaciones petroleras e la Plataforma marítima. No obstante, el desarrollo no ha sido sistemático y tuvo momentos de auge y otros de incertidumbre, por razones similares a las que exponen ahora quienes rechazan esta actividad.

Frente a esto el IAPG, aclaró que. “La plataforma continental argentina es una de las menos exploradas del mundo. Hoy, prácticamente, no existen estudios sobre la plataforma y es necesario evaluar la potencial existencia de hidrocarburos”, sintetizaron desde el instituto. Si bien se sabe que hay un gran potencial para desarrollar la actividad, sin información precisa es imposible avanzar seriamente.

“La Argentina tiene una producción anual de 180 millones de barriles de petróleo y el potencial de Vaca Muerta es de 11.000 millones; los cálculos para el offshore argentino basculan entre un mínimo de 4000 millones y un máximo de 32.000 millones”, se detalló. Otro dato significativo es que “el 20% del gas natural que se extrae del país ya proviene del subsuelo marino”.

Sin explosiones

El procedimiento implica la instalación de 10 cables submarinos, de 8000 a 10.000 metros, que se conectan a tres fuentes de energía desde las que se emiten sonidos. Desde le Cartera de Energía se explicó que:”la refracción de esos sonidos es captada por micrófonos submarinos, conocidos como hidrófonos, que permiten la interpretación de esas refracciones en las imágenes 2, 3 y 4D”. Por su parte el IAPG explicó “se trata de generar sonido con aire comprimido. La potencia del sonido se reduce drásticamente con la distancia de la fuente”. Es decir que no se utilizaran explosivos.

En cuanto al impacto de estas operaciones se describió que el punto más cercano estaría a 307 kilómetros de la costa. “Desde Mar del Plata será imposible ver o escuchar cualquier tipo de operación”, afirman.

Otro dato sobre este tipo de actividad es que entre 2017 y 2020, se registraron más de 100.000 kilómetros de sísmica 2D y 3D. El pozo “Malvinas 1”, el único en el país de aguas profundas, está a 320 kilómetros de Río Grande, Tierra del Fuego. Operado por una UTE entre YPF, Panamerican Energy (PAE) y Petrobras, se perforó en 2011 y su perfil de agua es de 500 metros, sin incidentes ni daños ambientales”.

Argumentos a favor

Desde el IAPG calificaron de “falso” el argumento de los detractores que insisten en que “las operaciones off-shore destruyen el mar y lo dejan devastado”. En respuesta señalan que: “existen desde hace décadas centenares de miles de pozos operativos en todos los mares del mundo, sin que se registre una hecatombe ecológica, incluso, en países reconocidos por su responsabilidad ambiental, como Noruega, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Brasil. La clave está en regular, no en prohibir”.

Por otra parte, en respuesta a quienes defienden las “las energías renovables” como “solución al abastecimiento energético”, desde el IAPG se rechazó este argumento y se recalcó que: “si bien el viento y el Sol son fuentes renovables, los aerogeneradores y los paneles fotovoltaicos no, ya que dependen fuertemente de la minería y generan huella de carbono. También es necesario tener en cuenta el costo de la energía de respaldo, de electrificar el transporte y los servicios, y su menor cadena de valor”, puntualizan.

Sobre el tema ambiental también se expresaron claramente y se marcó que “es un hecho la necesidad de alcanzar la neutralidad de carbono en la matriz y el compromiso de hacerlo a 2050. Pero no todos los países tienen igual responsabilidad ni la misma urgencia. Según los compromisos firmados en la COP XXI de París, cada uno debe hacer su propia transición energética. Además, los recursos off-shore constituyen también un recurso económico. Cerca del 55% de la matriz local depende del gas natural y más del 29%, del petróleo. Por no consumir carbón (1,22%), es una de las de menores emisiones del mundo.

Desde el IAPG también se defendió la “ciativa del Estado Nacional, que convocó a las empresas interesadas. Algunas son de capitales nacionales (privados y estatales); otras, de capitales extranjeros; y otras, mixtos. Todas trabajan bajo las mismas condiciones y bajo su propio riesgo. El principal beneficiario es el Estado”, se insistió en respuesta a quienes rechazan estas operaciones aduciendo que beneficia solo a las “corporaciones multinacionales”.

Finalmente, el documento de IAPG también rebate el argumento de quienes sostienen que explorar los recursos off-shore es ir contra la tendencia mundial, explicando que: “debido a la necesidad de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), se apuesta por desarrollar nuevas alternativas más amigables en términos de emisiones. Pero aún, consiguiendo el objetivo de la neutralidad de carbono para 2050, los hidrocarburos serán absolutamente necesarios para abastecer a la humanidad de energía por muchas décadas”, subrayaron desde el IAPG.

De la “potencialidad” a la realidad

Así las cosas, pareciera que nuevamente un tema fundamental para el desarrollo estará en tela de juicio. Pero en medio de una visible crisis energética y con la actividad industrial esperando el “momento” para salir del parate que generó la Pandemia, es más que indispensable asumir que las “potencialidades” de nuestro país deben dejar de serlo para transformarse en “realidades”.

En la actualidad hay 36 en producción frente a las costas de Santa Cruz y Tierra del Fuego. “No se ha registrado ningún incidente de tipo ambiental ni accidentes con daños a la integridad física de los trabajadores en más de 50 años”, afirman desde la Secretaría de Energía.

Se trata de una agenda que hay que abordar y el informe del IAPG permite analizar con claridad los beneficios de una actividad que correctamente desarrollada y a la “escala” necesaria pondría a la argentina en otro nivel en cuanto a la producción de energía.

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